martes, 13 de mayo de 2014

crimen impune en Argentina Carlos Mugica sacerdote asesinado por Triple A Ricardo Capelli sobrevivió a grave herida asesino en España Fraga Iribarne Metrovías

11-5-2014|12:10|Aniversario Capital FederalProvinciales
A 40 años del asesinato del sacerdote

Mugica: un crimen impune y una causa judicial en vía muerta

Una de las patotas de la Triple A mató a balazos a Carlos Mugica el 11 de mayo de 1974. “Carlos se fue deslizando hasta que quedó sentado”, repite Ricardo Capelli, el testigo del crimen que identificó como tirador al subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón Sena. Sólo pasó unas semanas en la cárcel. La causa no avanzó nunca.
  • "Lo mataron el 11 para dejar a Montoneros como los responsables”, dijo Capelli.
  • "Lo mataron el 11 para dejar a Montoneros como los responsables”, dijo Capelli.
  • "Lo mataron el 11 para dejar a Montoneros como los responsables”, dijo Capelli.
Por: Pablo Waisberg
Sintió una trompada en el pecho pero fue una bala. Lo tiró al piso. Las otras tres no las recuerda. Tal vez las recibió mientras estaba parado o cayendo sobre la vereda. Desde ahí, con el pulmón llenándosele de sangre y la respiración que se le empezaba a trabar, vio como el subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón Sena disparaba contra el cura Carlos Mugica, que intentaba sostenerse con la espalda apoyada en la pared. Almirón Sena, experto en el uso de pistola-ametralladora, tiraba con un arma oculta en su piloto. “Carlos se fue deslizando hasta que quedó sentado”, repite Ricardo Capelli cada vez que regresa a esa noche de llovizna, del 11 de mayo de 1974. Ese es el único recuerdo que tiene del momento exacto en que mataron a su amigo. No vio a los otros miembros de la banda, ni siquiera al que le tiró a él, a la salida de la Parroquia San Francisco Solano, en Mataderos.
Se cumplen hoy 40 años del crimen. La dictadura, primero, y la falta de decisión política que posibilitó un movimiento judicial pantanoso, después, permitieron que el único acusado del crimen de Mugica pasara apenas unas semanas en una cárcel. Con los otros dos integrantes del grupo operativo, que cometió varios crímenes más, ocurrió lo mismo. La causa judicial hoy está en una vía muerta.
“La cara de Almirón no me la olvido más. Tampoco la de Jorge Conti, otro de la Triple A. Los veía porque estábamos con Carlos con el tema de las villas”, dijo Capelli, que evitó hablar del tema durante muchos años para tener la posibilidad de sobrevivir. Ese silencio obligado posibilitó las especulaciones con las que habían fantaseado los ejecutores, que decidieron no “firmar” el crimen para volcar las sospechas sobre Montoneros. “La Triple A aprovechó perfectamente la situación generada el primero de mayo –cuando los militantes de Montonero se fueron de la Plaza de Mayo y sellaron su enfrentamiento con Juan Perón- y lo mató el 11 para dejar a Montoneros como los responsables”, agregó a Infojus Noticias.
Pero los servicios de inteligencia venían haciendo un seguimiento detallado de Mugica, como lo señaló María Sucarrat en El inocente. Vida, pasión y muerte del padre Mugica. Ese religioso que había formado espiritualmente a quienes luego forjarían los primeros grupos de Montoneros, que se había sumado al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y pregonaba la necesidad de que el pueblo sea “protagonista de una alternativa liberadora” les resultaba un personaje peligroso. Había nacido en Barrio Norte y había vivado el golpe de Estado de 1955, pero su trabajo en los conventillos de La Boca, primero, y en la Villa 31, después, lo acercaron al peronismo.
La lupa de la Triple A estaba puesta desde antes de que el sacerdote abandonara su lugar como asesor ad honorem de la Comisión de Vivienda del Ministerio de Bienestar Social. El objetivo original era planificar la construcción de 500.000 viviendas populares, pero para agosto de 1973 había cambiado la política impulsada en el área: la radicación se convirtió en erradicación de villas. Ese cambio no lo convirtió en un crítico del gobierno de Perón pero lo dejó en un lugar incómodo, lejos del ministerio que conducía José López Rega y también de Montoneros y otros sectores de la izquierda peronista.
La banda que mató a Mugica incluía a Almirón Sena y, tal como era la política de la Triple A hasta ese momento, los crímenes no se “firmaban” masivamente. Era una operación de propaganda muy selectiva. Ese comportamiento cambió poco después con el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, muerto el 31 de julio de ese mismo año, un mes después de la muerte de Perón. Ese fue el primer crimen contra una figura pública que la Triple A se adjudicó. También ametrallado en plena calle.
El grupo operativo que integraba Almirón Sena se completaba con el comisario Juan Ramón Morales, apodado “Gaucho” y buen tirador con arma corta. Ambos habían sido designados en la custodia del ministro de Bienestar Social. Almirón era un oficial exonerado de la Policía Federal por la comisión de varios delitos comunes, que luego fue reincorporado y ascendido para la misma época en que López Rega pasó de cabo retirado a comisario general.
Almirón Sena cuidó las espaldas de López Rega muchos años; incluso lo acompañó en su exilio español y fue allí que logró conchabo como custodio del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. En diciembre de 2006, el juez federal Norberto Oyarbide inició los trámites para extraditar desde España al ex custodio de López Rega, descubierto por periodistas en Valencia. En enero de 2007, el magistrado ordenó la detención de Morales.
Ambos están acusados de haber participado en los asesinatos de Ortega Peña, Mugica, Alfredo Curutchet, Julio Troxler (ex subjefe de la policía bonaerense durante el gobierno de Bidegain), Silvio Frondizi, José Luis Mendiburu, Carlos Laham y Pedro Leopoldo Barraza.
Finalmente, Almirón Sena fue extraditado a la Argentina en marzo de 2008 pero murió un año más tarde, el 11 de junio de 2009,  en el hospital Ramos Mejía, donde estaba internado. Había pasado menos de un año en el penal de Marcos Paz: el juez Oyarbide lo había declarado incapaz para enfrentar un juicio y ordenó la suspensión del proceso. Tenía 73 años.
También el paso del tiempo favoreció a Morales, que murió en 2007, a los 88 años; y al ex policía Miguel Angel Rovira, que completaba el trio operativo y que terminó su vida impune. Murió en agosto de 2010, a los 75 años, en su casa de San Cristóbal. Nueve años antes lo habían descubierto los integrantes de la agrupación HIJOS, que le hicieron un escrache en la puerta de su casa al entonces jefe de seguridad de Metrovías, la concesionaria del servicio de subterráneos de Buenos Aires.

Caso Aldo Omar VAra Paraguay genocidio Bahia Blanca Padura Ulpiano capellán Argentina Cuerpo V de Ejército dictadura



De: Información de Prensa CCESD 5STS [mailto:prensaccesd5s@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 07 de mayo de 2014 05:47 a.m.
Para: Militantes Peronistas en el Partido Justicialista
Asunto: II - EN EL ADJUNTO: CASO VARA textos completos en archivo de prensa


“. . . Qué terquedad esto de la nostalgia, pero no podemos dejar de recordar; recordar porqué somos lo que somos: cómo hemos sufrido; qué hacemos con ello. . .”
Oscar Chávez
Veracruz, México, en PREGONEROS del RECUERDO
Discos de EDICIONES PENTAGRAMA


Texto completo: COMUNICADO OFICIAL SOBRE LA DETENCIÓN DEL SACERDOTE ALDO OMAR VARA:


ANTECEDENTES DEL “CASO ALDO OMAR VARA” TOMADOS DE DISTINTOS MEDIOS DE PRENSA DE ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ALEGATO COMPLETO DE LA UNIDAD FISCAL DE BAHÍA BLANCA en la causa 982 “Bayón y otros” que culminó en la condena a los 17 acusados que integraban el juicio:
EQUIPO DE TRABAJO Abel CÓRDOBA, Horacio AZZOLIN, Félix CROUS, Sofía PASCUALETTI, Haydeé HERNÁNDEZ, Mara LÓPEZ LEGASPI, María TIESER, Valeria GIMÉNEZ, Ester VENTURINO, Pablo FERMENTO, Andrea MOLINA, Gustavo GALVEZ.
-Presidente (Dr. Ferro): Sr. Fiscal, adelante.
-Fiscalía (Dr. Córdoba): Muchas gracias.
Voy a empezar el alegato de la fiscalía reproduciendo los términos de una pregunta que servirá para comprender algunos aspectos del sórdido contexto local del terrorismo de estado y también la absoluta impunidad con la que actuaron estos ejecutores, a partir del accionar de las agencias de legitimación discursiva que operaban en ese entonces.
La pregunta con la que comienzo el alegato tiene estos términos: “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones? Esta pregunta la formulo el diario La Nueva Provincia en mayo de 1973
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PÁG. 122 DEL ALEGATO FINAL EN EL PRIMER JUICIO AL GENOCIO DE LA FISCALÍA DE BA. BCA., 6/XI2012 …........ La madre de Patricia CHABAT fue al V Cuerpo mientras averiguaba el paradero de su hija y fue  atendida por DELME, que en una ocasión le leyó cargos en contra de su  hija. Esa conversación terminó abruptamente, cuando ella le dijo que era todo mentira, que conocía muy bien a su hija y que esa información seguramente la habían obtenido mediante interrogatorios “en la camita”. También recurrió al cura Aldo VARA y autoridades del Ministerio del Interior y eclesiásticas, sin resultado positivo.……. Pág 337 DEL ALEGATO FINAL EN EL PRIMER JUICIO AL GENOCIO DE LA FISCALÍA DE BA. BCA., 6/XI2012 Los testigos ZOCCALLI, LOPEZ, VOITCUK, PETERSEN fueron contestes en afirmar que fueron interrogados, vendados, en el primer piso del Batallón. Allí están ubicadas las oficinas del Jefe de la unidad.
Tampoco voy a pasar por alto que el capellán del Batallón, Aldo VARA, fue observado por estas víctimas, tanto en el CCD así como en el Batallón atendiendo a los padres, lo que da cuenta del compromiso que tenía con esta empresa criminal que encabezaba el Ejército Argentino……….
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Para acabar con los recuerdos de la muerte ([1])

Por Antonio Angel Coria
Debo confesar que el desarrollo de las sesiones del Juicio por la Verdad que se cumple en la Cámara Oral Federal de Bahía Blanca, me conmocionó particularmente. Hechos cuyos ejecutores vuelven a aparecer, pero ahora con rostros descubiertos y conociéndoseles los alias con los que reemplazaban sus nombres y apellidos legales para cometer todo tipo de felonías, han revivido en mí. Las horas de todos los castigos a quienes sólo portaban, para su perjuicio, el recuerdo de años de estudios o trabajo compartidos; las amenazas de asesinarme; las torturas en campos de concentración a amigos que confundieron conmigo; hechos extremadamente graves ocurridos en torno a la seguridad y vida de familiares; la muerte cotidiana de compañeros queridos e inolvidables a los que tuve que llorar en la más dolorosa soledad que hube de soportar hasta que decidí (en agosto de 1976) el camino del exilio, han revivido. Pero ahora, mostrando claramente que la Justicia aquí, está logrando recomponer la historia real – no la que construyó la “acción psicológica” de los psicópatas – con la que finalmente llegaremos a poner fin a tanto oscurantismo. Sin dudas, es la hora de la verdad. Y a partir de ésta, que junto al resentimiento hará desaparecer la cultura de la hipocresía que nos afecta, sin dudas también, podremos dedicarnos a la construcción de grandeza que tanto reclama nuestra Patria.
         Uno de los testigos presentados, en la conclusión de su relato del horror vivido en cautiverio, interrogó (y esto me lo imagino) con la misma candidez e inocencia de aquel día que (vuelvo a imaginar) la ruindad le propinaba la primera trompada antes de la picaneada: “¿de qué se habla cuando nos califican ‘zurdos’?”; ¿porqué me acusaban de subversivo (tenía 16 años entonces) si lo único que hacía era ir a la escuela y practicar deportes?; ¿porqué se nos margina y no dan respuestas por lo que nos pasó a todos los que volvimos de la muerte?; ¿es justicia que los que sabían qué ocurría en los campos de concentración – porque nuestros familiares los informaban – sigan cómodamente sin poner, aquí, la cara?; ¿es justicia que todavía hoy tengamos que seguir soportando referencias peyorativas como esa de... este era medio zurdito, no?”.
         Recuerdo con dolor – que, ¡maldito sea, no se me va! – la ocasión, no hace mucho, que desde el círculo de mis afectos me dispararan un insólito “¿y vos qué derecho tenés para andar exigiendo a los de los derechos humanos?”. Quizás por haber hablado solamente con quienes veníamos de la misma experiencia o por habérseme excluido en razón de mi identidad política de los espacios no peronistas, algunos pretenden negarnos pertenencia. Lo cierto es que ahora que nos encontramos frente a frente con los que practicaron la ferocidad de una guerra contra nuestro Pueblo quitándonos “muchos años de nuestra felicidad”, podemos hablar precisamente de la ferocidad de esa guerra. La ferocidad de una guerra que parecía no existir en las “buenas conciencias” y que como ahora se sabe no era nada silenciosa ni oculta, que iba desde un apriete – a punta de pistola – para abandonar la actividad laboral en la Universidad cuando llegaron las hordas de Remus Tetu (cuestión que no acepté y por la cual fui castigado con la exoneración, por lo que, dicho sea de paso, se me adeuda reparación) hasta la destrucción de mi vivienda en fraguado combate con un saldo de crímenes previos que la Justicia investiga, después de veinticuatro años y como si fuera un papel fotográfico en proceso de revelado, exhibe que fue una guerra de la que recién ahora aparecen sus macabros ejecutores. Sin dudas, es la hora de sacar a la luz  la verdad y nadie puede ni debe estar ausente.
         La jerarquía eclesiástica argentina de entonces, clamando por la sustitución del régimen institucional vigente (como puede leerse en los diarios de diciembre de 1975) mientras otros hablaban del “plan bolsa” con qué dar el golpe de estado, a la vez que aplicaban en el General Carlos Prats y su esposa, asilados en Buenos Aires, las directivas del “plan cóndor”, hoy se nos hizo presente en la hipocresía del clérigo Aldo Varas, en la ruindad del teniente coronel Julián Corres y en la cobardía y el deshonor del coronel Hugo Delmé durante el Juicio por la Verdad en Bahía Blanca. Mientras escucho cómo un inocente – inocencia que pudieron comprobar sus secuestradores y por la que salvó su vida, quedando como testigo del horror – da señales concretas de la existencia de la “escuelita” del camino a La Carrindanga, en dependencias militares, la hija de un dirigente cegetista muerto en esos años, presente en el juicio, me recuerda murmurando el atropello a mis padres en su vivienda la Nochebuena de 1975, por parte de una veintena de paramilitares y parapoliciales que buscaban “apresarme” bajo la misma acusación que recibió este testigo. E inmediatamente, ambos, mi amiga y yo, atando cabos con lo que estábamos oyendo – que, como confesó un oficial sospechado, a más de la “triple a” antes del 24 de marzo ya operaban las fuerzas contra insurgentes” militares – certificamos que en la destrucción total de las viviendas de Adalberto “Goyo” Wimer y de Victorio Colubri (dirigentes obreros peronistas muertos misteriosamente en años de la tiranía) y parcial de la casa del sacerdote Coco Segovia, todos en la Ciudad de Punta Alta, había mano de obra paramilitar. Mano de obra paramilitar que por no hablar de ella, ha ubicado al indigno Varas en camino de ser reo.
         A todo esto, en medio de los relatos de testigos y victimarios y de preguntas persistentes de los letrados del tribunal y la querella para saber más y más sobre el destino de los desaparecidos – entre ellos, criaturas de padres patagónicos nacidas en cautiverio – en las imágenes de la memoria se me aparecen diputados y funcionarios de la legislatura neuquina estupefactos frente a efectivos militares que pretendían mi “detención”. Ante tan tremendos argumentos esgrimidos y anoticiado cómo acribillaron en una cama hospitalaria bahiense a un joven estudiante bajo la misma acusación que habían armado en mi contra (idéntica a la del declarante que había sido secuestrado antes del día del golpe militar) y en antecedentes de lo ocurrido en casa de mis padres, estaba visto que era un suicidio quedarme aquí. Por eso y por fortuna, un par de días antes de tan terrorífica visita, había abandonado Neuquén. Era enero de 1976, poco menos de tres meses antes del 24 de marzo.
         Nada, en ninguno de los órdenes de la vida de la Nación, fue imaginado por nadie – salvo los que decidieron el terrorismo de estado para destrucción del País – acerca de la aberrante historia que estructuraron los tiranos. La mayor parte de sus víctimas fueron nuestros compañeros de militancia en el Movimiento Peronista. Esto que sólo podrán negar los traidores o los cómplices en el genocidio, nos obliga, a fuerza de ser consecuentes con nuestra historia, con nuestras banderas, con la memoria de nuestros compañeros, con nuestra proclamada fe en el régimen de derecho, a no ser indiferentes a la acción de la Justicia. Por esto que tanto habíamos luchado desde 1955 hasta el retorno a la Patria de nuestro Líder Juan Perón en 1972 primero y hasta la restauración de la democracia en 1983 luego y para que algún día impere la justicia de nuestras verdades proclamadas desde el 17 de Octubre de 1945, de modo que la fotografía del presente que nos toca vivir sea de la dignidad contrapuesta al “o no” que inventaron nuestros verdugos, frente a este Juicio por la Verdad que nos dará certeza sobre el destino de nuestros mártires y recordando que uno de nuestros principios señala que “primero es la Patria”, nuestro Pueblo, sumemos nuestro esfuerzo para transformar los recuerdos de la muerte en cantos multitudinarios por el triunfo de la razón y el derecho.
[1] Distribuido en medios de prensa y entre compañeros y amigos, el 20 de diciembre de 1999 y posteriormente formó parte del trabajo (primera edición) Con la memoria siempre fresca, construyamos nuestra Historia - Prosas en la militancia nacional y popular, editado y distribuido por el Sindicato de Empleados de Comercio de Daireaux, integrante del Movimiento Mercantil del Interior, en el ámbito de sus gremios adheridos en la Pcia. de Bs.As. en el AÑO 2003
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19.05.2013 | entrevista a hugo cañón

"Ningún juez se anima a ordenar la detención de Vicente Massot"

Por: Daniel Enzetti – Diario TEIMPO ARGENTINO –  
El pasado 16 de mayo, el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño del diario pro golpista La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud, encabezada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. E intenta profundizar en el verdadero papel que cumplió La Nueva Provincia en aquellos años, cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de "enfrentamientos con la subversión" y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes.
Hugo Cañónfue fiscal general de Bahía y el primero, en 1987, que relacionó a la familia Massot con el genocidio. Resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y uno de los preferidos del diario en eso de eliminar a los apátridas.     
"Lo que hicieron Nebbia y Palazzani no sólo está muy bien fundamentado en sus 137 fojas – dice – sino que además incorpora pruebas y documentos reunidos a lo largo de muchos años, que demuestran la connivencia de La Nueva Provincia con sectores del Ejército en la época de la represión. Sobre todo con la Inteligencia militar, en tiempos de Vilas. En lo peor de la dictadura en Bahía, las notas publicadas por el diario eran cosas sólo conocidas por los sectores de Inteligencia. Y a eso hay que agregar los montajes, las fotos inventadas, los comunicados falsos y las teatralizaciones, para hacer pasar los asesinatos como supuestos enfrentamientos. También hay que resaltar que en la sentencia que el tribunal dio a conocer en septiembre del año pasado por la represión ocurrida en la región, allí se ordenó investigar por separado la complicidad del diario en esa época. Fue el puntapié inicial para el actual pedido de detención de Massot, y la investigación sobre lo hecho por el sacerdote Aldo Vara, al que yo imputé en 1999 durante los Juicios por la Verdad."
–Hablás de teatralizaciones reflejadas por La Nueva Provincia. ¿Qué tipo de montajes?
–Los secuestros, pero sobre todo las operaciones que se hacían en el V Cuerpo para asesinar a militantes en la calle, en una casa o en un cruce de caminos, tenían un increíble despliegue escénico y teatral, para simular tiroteos. Los militares hablaban de "abatimiento de subversivos por enfrentamientos". Eran enfrentamientos fraguados, se trataba de escenarios montados para matar personas con total impunidad. La Nueva Provincia publicaba notas que describían balaceras y "caídos". Una vez, el Ejército fusiló a un grupo y después sacó camillas con soldados "muertos" para que el diario tomara fotos. Los soldados actuaban. Durante un juicio le pregunté a Vilas por qué hacían eso. Y me contestó que era "para despistar al enemigo y confundir a la población". En otra oportunidad hubo un gran despliegue de autos, armamento, camiones con comida supuestamente secuestrados a la "subversión". Fue en la Cueva de los Leones, a la salida de Bahía, 15 kilómetros hacia Tornquist. La dictadura sembró el campo con cadáveres y llamaron a los Massot para que "contaran" qué había pasado. El diario, por supuesto, también habló de enfrentamiento. Otro lugar elegido para ese tipo de montaje era el camino La Carrindanga, a unos 2000 metros de la entrada principal del V Cuerpo. Un viejo tambo después utilizado como centro clandestino de detención. Cuando en la década del '80 comenzábamos a investigar aquel genocidio, el relato de un detenido me hizo acordar a las veces que La Nueva Provincia mentía sobre los secuestros y las desapariciones en la zona. Por las terribles condiciones de detención, las mujeres no podían menstruar y entre la alimentación espantosa y la presión psicológica, era común que los secuestrados tampoco defecaran. Este hombre me contó que un guardia le dio un purgante y al acompañarlo al baño, salió a un patio después de varias semanas. Su impresión era como si lo estuvieran metiendo en un horno. Era el calor del sol. 
–Fuiste fiscal general de Bahía durante mucho tiempo. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que significaba La Nueva Provincia en la región?
–Ocupé la fiscalía entre abril de 1986 y mayo de 2009 y siempre tuve conciencia de la vinculación entre el diario y la Marina, como la mayoría de los habitantes de Bahía. Massot padre era un marino que murió en un accidente de armas y había ocupado un consulado durante el peronismo, hasta que lo separaron por manejos de dinero bastante confusos. Pero el origen del diario, fundado por Enrique Julio en 1898, es radical. Su línea editorial repudió el golpe de Estado de 1930, hasta que tomó el mando Diana Julio de Massot y la publicación se corrió al liberalismo económico. Bahía Blanca fue un verdadero bastión del golpe de Estado de 1955, la Marina bombardeó el puente Las Oscuras para que no llegaran las tropas leales y la empresa hizo sonar una enorme sirena que utiliza para lo que considera grandes acontecimientos. Sus editoriales llamaban a la rebelión de la libertadora, a desobedecer los principios democráticos. Exactamente como ahora, que estimulan a la violencia y aplauden cada vez que muere alguien en la calle. Ante un asalto, por ejemplo, el mensaje es directo: "Es preferible que al delincuente lo maten antes de ser detenido por un policía corrupto y después soltado por jueces garantistas liberadores de presos." Hoy, el edificio histórico del diario lo ocupa el Colegio de Abogados, nada menos. Y para la redacción construyeron un verdadero búnker justo al lado, de cemento, inaccesible.
–¿Cómo está la empresa?
–Redujeron mucho la planta, si la comparamos con los años sesenta. En ese tiempo el monopolio era fuerte, con el diario, LU 2 y Cable Total. El nombre del canal estaba bien elegido, por lo totalitario. Se vendían muchos ejemplares cuando no llegaban los diarios de Buenos Aires, pero después, la realidad cambió. Además, el diario de Río Negro comenzó a tener más protagonismo no sólo en Bahía, sino además en Neuquén, Bariloche y la zona del Alto Valle. Es sabido que dentro de la redacción se vive un régimen de oscurantismo terrible en el que nadie se anima a decir lo que piensa, todos hablan en voz baja y nunca se critica nada.
–¿En qué momento La Nueva Provincia aparece mencionado en causas de lesa humanidad por primera vez?
–En la indagatoria que le hicimos a Vilas en 1987, cuando declaró 13 días seguidos. Vilas manifestó con naturalidad el vínculo del Ejército con el diario. Y dijo que eran muy comunes sus reuniones en el barrio Palihue con Juan Ramón Cachero, uno de los periodistas más importantes de la empresa. A esos encuentros también asistían el juez Guillermo Madueño y el camarista Ricardo Rojo, nexo del Ejército con la Cámara Federal. Hay una anécdota que se relaciona con lo que hoy se denominan "zócalos" en televisión. Durante aquellos años, los Massot administraban en la ciudad el Canal 9. En la parte inferior de la pantalla, en lugar de la hora y la temperatura, la familia mostraba un teléfono para que la gente llamara y denunciara a "subversivos", contara dónde los habían visto y diera datos para ir a secuestrarlos. La anécdota es que muchos se comunicaban por cualquier cosa. Un empresario que quería echar a un empleado, por ejemplo, lo mandaba al frente. Y lo terrible es que ese hombre no aparecía nunca más. Vilas tuvo que armar una especie de "comisión evaluadora", para filtrar llamados y decidir dónde ir y dónde no.
–Bahía Blanca marcó un antecedente importante en la historia de los juicios por causas de lesa humanidad, en tiempos en que los procesos no eran tan comunes como ahora. 
–Sí, se puede decir que fuimos los primeros, a pesar de las trabas y los problemas. En 1985 la directiva del alfonsinismo era someter a proceso sólo a las cúpulas militares, pero más allá de eso, ninguna cámara del país hacía nada. Cuando me nombraron fiscal empecé a pedir colaboración en todos lados. La Ley 23.049 establecía que los juicios serían por Cuerpo de Ejército y tuvimos que organizar la modalidad, porque la región de Bahía se subdividía a su vez en tres subzonas. Reclamé expedientes al Consejo Supremo, que investigaba más a las víctimas que a los represores; pedí datos a jueces federales; exigí que los jueces militares mostraran lo que tenían; y con ese conjunto de cosas, solicitamos el abocamiento de la Cámara. 
–Y aparece la Ley de Punto Final...
–Claro, pero no nos complicó, porque daba un plazo de dos meses para ponerse en vigencia. Trabajamos a destajo, incluso dentro de la feria judicial y alcanzamos a citar a todos los implicados. Eso permitió detener a varios militares, como Vilas,   (José Luis) Sexton, (Abel) Catuzzi o Bernardino Páez. Lo peor fue la Obediencia Debida, que frenó todo. Por eso planteamos su inconstitucionalidad. 
–¿Se hablaba de Massot y de su complicidad con el genocidio?
–Hay que poner las cosas en contexto. Esa colaboración del grupo se respiraba en el ambiente, pero gracias que podíamos juzgar a los militares, a algunos. Considerar las complicidades de la Iglesia, de los civiles y de los empresarios con la dictadura no era tan común como en la actualidad. Uno de los que asistió a mi juramento como fiscal fue el general Dante Caridi. Lo primero que me dijo fue: "Bienvenido doctor, lo felicito. Estamos a disposición y si necesita algo, cuente con mis colaboradores." Se acercó para cerrar el paquete, para que no hiciéramos ruido con el pasado. "Cómo no, general – le contesté – vamos a hacer lo que tengamos que hacer." Nunca imaginó que los investigaríamos por genocidas. Los militares estaban tan seguros de que no les pasaría nada, que Vilas, para quedar bien, nos contaba que hacía sumarios a sus cabos y oficiales cada vez que se robaban una carpita de mochilero o una bolsa de papas. Gracias a una bolsa de papas descubrimos la identidad de una de las patotas de secuestradores más importantes de Bahía, que La Nueva Provincia hacía pasar por salvadores de la patria.
–¿Cómo fue el caso?
–Un cabo robó algunas papas en el medio de un secuestro y un coronel, en un arranque de rectitud, lo sumarió. Firmó una constancia con el nombre del ladrón, pero también con cada uno de los que había integrado la banda. Al investigar el secuestro, dentro de una de las causas, saltaron las identidades de los secuestradores. Para ellos, llevarse un kilo de papas era ilegal, pero estaba bien asesinar, secuestrar y arrastrar a la gente de su casa para torturarla. Pero, volviendo a Massot y a si se consideraba su papel, también desde lo alto del poder se bajaba línea para limitar los procesos únicamente al generalato y no tocar nada de ahí para abajo. El mismo (Luis) Moreno Ocampo decía que con solamente 800 casos bastaba para hacer un muestreo de lo hecho por la dictadura. Los Juicios por la Verdad fueron uno de los primeros aportes para que la gente supiera que los militares no habían estado solos en la represión. Allí, por ejemplo, desenmascaramos las listas que Carlos Ruckauf y José Rodríguez, de SMATA, elaboraban con los delegados gremiales de Mercedes Benz que después serían secuestrados. 
–Más allá de reivindicar a la dictadura, La Nueva Provincia sigue hoy haciendo una permanente apología del delito. Sin embargo, después de tantos años no hay acciones penales que cuestionen eso. ¿Por qué?
–La impronta de la familia Massot en Bahía es muy fuerte y romper con ese mandato cultural es casi imposible. No hay intendente de la región que se atreva a quitar la publicidad oficial de los medios del grupo, o limitar el vínculo con el diario. Y por supuesto, ningún juez se anima a ordenar la detención del empresario. Hace pocos días, un ex funcionario radical dijo que el pedido de encarcelamiento de Massot podía discutirse, pero no entendía por qué se lo acusaba a Mario Gabrielli, un "simple empleado". Gabrielli era el editorialista que hacía panegíricos de la tortura y el exterminio, no era un "simple empleado". El tema es que a Massot no se le animan. Y ya algunos empezaron a decir que detenerlo significaría un ataque a la libertad de expresión. Si hasta están intentando que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) proteste con algún comunicado. «
Ulpiano, el peor de la clase
Los dos tribunales federales de Bahía Blanca están vacantes. Santiago Ulpiano Martínez, el juez subrogante de la ciudad que se negó a detener a Vicente Massot, a pesar de las pruebas que lo vinculan con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, en realidad no es juez, sino secretario, sin concurso para ejercer la magistratura.
Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, llegó a ese lugar de la mano de Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía destituido durante la fiesta menemista de los noventa y condenado a prisión por estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de que nunca puso un solo peso. Pero lo que no se puede negar es que el secretario tenga coherencia: hace un tiempo también rechazó guardar entre rejas al ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado de complicidad con los genocidas de la región.
Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, una familia bastante particular. Muy cercano a la línea de Eduardo Tentoni, juez apartado de la causa que salpicaba a la Marina debido a su declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él, caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados que formaba parte de ese club era Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios genocidas. Epoca en la que según él, a razón de 5000 dólares por reo, cobró la mayor cantidad de plata de su vida.
No hace mucho, Ulpiano se presentó para cubrir el cargo de fiscal de Cámara. Su examen oral fue muy bajo. Quedó entre los últimos. -  http://tiempo.infonews.com/2013/05/19/argentina-102168-ningun-juez-se-anima-a-ordenar-la-detencion-de-vicente-massot.php


DE LA PRENSA PARAGUAYA
http://www.lanacion.com.py/articulo/163498-sacerdote-argentino-acusado-de-crimenes-de-lesa-humanidad-confesaba-y-oficiaba-misa-en-cde.html

Sacerdote argentino acusado de crímenes de lesa humanidad confesaba y oficiaba misa en CDE



Cura buscado por crímenes de lesa humanidad hacía misas en el Este



Durante los últimos ocho meses, mientras era buscado por delitos de lesa humanidad, Vara estaba en Ciudad del Este y recibía todos los meses un cheque, todo gracias a las gestiones del arzobispo Guillermo Garlatti. La falsa entrega y la detención parroquial.
Por Diego Martínez
Garlatti financiaba al sacerdote, al mismo tiempo que el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo.
El ex capellán Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, vivió los últimos ocho meses como prófugo de la Justicia gracias a la cobertura que le brindó la Iglesia Católica desde al menos dos países. Mientras el arzobispo bahiense Guillermo Garlatti le libraba cheques mes a mes por medio de un apoderado, Vara se mantuvo a resguardo en una parroquia de Ciudad del Este, diócesis que conduce el obispo Rogelio Livieres Plano, quien hace ya un lustro desató un escándalo entre los laicos por acoger a un cura acusado de abusos sexuales. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, declaró a un diario local el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento en Paraguay. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el propio Livieres Plano, ex profesor de la Universidad Austral y ex vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en Buenos Aires. Mientras en Bahía Blanca la Justicia investiga a Garlatti por financiar al prófugo, al mismo tiempo que el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo, el comunicado de la diócesis de Ciudad del Este aporta un dato clave: el ex capellán “fue recibido a pedido de su Obispo”. El texto omite precisar nombre o jurisdicción, pero ese obispo con mayúscula no es otro que Garlatti, confirmó a Página/12 el sociólogo Fortunato Mallimaci. A la espera de la extradición, Vara seguirá dando misa y dormirá en la misma cama que cuando era un prófugo, ahora bajo arresto parroquial.
El rol de Vara durante el terrorismo de Estado es público desde el Juicio a las Juntas por el testimonio de sobrevivientes del centro clandestino La Escuelita. En 1999, durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, el propio ex capellán admitió que supo de las torturas en el Cuerpo V de Ejército y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal Hugo Cañón pidió su imputación, pero la Cámara Federal se la negó cuando todavía regían las leyes de impunidad. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia. En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Pala zzani desmenuzaron las pruebas contra el cura, a quien caracterizaron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares, y pidieron su detención e indagatoria. El juez subrogante Santiago Martínez dijo no encontrar “elementos suficientes” (tampoco los encontró en el caso de los directivos del diario La Nueva Provincia) pero la Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que se concretó el lunes pasado en Ciudad del Este.
“Interpol lo arrinconó y acordaron su presentación ‘voluntaria’ a la regional de la organización transnacional”, precisó el periódico E’a bajo el título “Iglesia paraguaya protegió a cura argentino acusado de torturas”. Una alta fuente de Interpol confió al diario que lo encontraron en la parroquia Virgen del Rosario y que, “como es una persona mayor”, le concedieron ese inusual beneficio. El imputado fue trasladado luego a Asunción, donde el juez de garantías Hugo Sosa Pasmor le concedió el arresto en la misma parroquia que lo cobijó como prófugo, a la que volvió con custodia policial. El párroco Rolón, que acompañó a Vara durante el simulacro de entrega, declaró al diario La Vanguardia que su compañero “salió (de la Argentina) porque no era un proceso justo”. En la misma línea que el ex juez Otilio Romano cuando pidió refugio en Chile o que el ex piloto naval Julio Poch cuando fue detenido en España, Rolón sugirió que Vara es víctima de una persecución y agregó que “se siente martirizado y golpeado por algo externo”, aunque aseguró que “la Justicia paraguaya estará resolviendo como corresponda”. Mientras cumpla el arresto en la parroquia, el cura de ochenta años seguirá oficiando misa, aclaró Rolón, que es capellán de la penitenciaría de Ciudad del Este.
El obispo Livieres Plano, más precavido, se dirigió “a los fieles y medios de prensa” mediante un comunicado oficial de la diócesis de Ciudad del Este. “Habiendo conocido que pesaba sobre él (Vara) una orden judicial, emanada de autoridades argentinas, se presentó” ante Interpol, apuntó en un claro intento de desmentir a las publicaciones que habían informado sobre la falsa entrega voluntaria. El obispo, que es también abogado y escribano, apuntó que el ex capellán ayudó “en la liturgia y otras actividades” de la parroquia y aclaró, por si el dato contrariaba a algún feligrés, que “esto era posible al no existir sanción canónica” (vale aclarar que la Iglesia Católica tampoco aplicó una “sanción canónica” al ex capellán Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua en 2007 como “torturador y asesino”, según el Tribunal Oral Federal de La Plata). “El citado sacerdote goza de la estima de la comunidad parroquial por sus servicios y calidez humana”, aseguró, y le agradeció “la entrega y sacrificio demostrados durante este poco tiempo en que estuvo desarrollando actividades pastorales”.
Livieres Plano numeró del uno al cinco los puntos relevantes para el frente interno y mencionó como al pasar, en la introducción, un dato clave para la investigación del encubrimiento por parte del Arzobispado de Bahía Blanca, que denunció el martes el Ministerio Público. Vara “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo”, escribió, sin precisar el nombre ni la jurisdicción eclesiástica de origen. Consultado por Página/12, Mallimaci explicó que “Vara es un sacerdote incardinado, es decir, con anclaje territorial permanente, por lo que depende siempre de un solo obispo, en su caso el de Bahía Blanca”. “Para que pudiera ejercer en otra diócesis, Garlatti debió haberlo recomendado o cuanto menos haber certificado que es un sacerdote en plenitud”, agregó.
El arzobispo que pidió a su par paraguayo recibir a Vara y que todos los meses libraba un cheque para el prófugo por medio de su apoderado Leopoldo Bochile es el mismo hombre que en noviembre, ante un pedido de ayuda de organismos de derechos humanos, dijo desconocer el paradero de Vara. El fiscal Castaño ya promovió la acción penal por encubrimiento, en principio contra Garlatti y Bochile, dueño de Bochile Inmobiliaria en Bahía Blanca. La causa está en manos del juez subrogante Martínez, quien debería excusarse porque ya se pronunció a favor de la inocencia del ex capellán.
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La Diócesis de Ciudad del Este informa a los fieles y medios de Prensa
Comunicado de Prensa sobre el caso del Padre Aldo Omar Vara
 
Miércoles, 30 de Abril de 2014 17:49
La Diócesis de Ciudad del Este informa a los fieles y medios de Prensa, respecto a los hechos relacionados con el P. Aldo Omar Vara, sacerdote de nacionalidad argentina que fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo. Coincidentemente, fue reclamado por la justicia y éste se presentó a la oficina regional de Interpol Paraguay el pasado lunes 28 de abril; porque el mismo contaba, según autoridades argentinas, con orden de captura.
1.    El padre Aldo Omar Vara, un hombre de más de 80 años, había llegado a la parroquia Virgen del Rosario, donde fue acogido por el párroco. Durante este tiempo estuvo ayudando en la liturgia y otras actividades, según se lo permitían su avanzada edad y su delicado estado de salud. El citado sacerdote goza de la estima de la comunidad parroquial por sus servicios y calidez humana.
2.    Éste, habiendo conocido que pesaba sobre él una orden judicial, emanada de autoridades argentinas, se presentó en la mañana del lunes 28 de abril a la oficina regional, según el subcomisario Arnaldo Acosta, jefe de la Interpol Paraguay.
3.    Por disposición del juez penal de Garantías, Hugo Sosa Pasmor, el padre Vara deberá guardar prisión domiciliaria.
4.    El padre Vara colaboróen la Parroquia Virgen del Rosario del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, tal como lo afirmó el cura párroco Ecar Rolón. Esto era posible al no existir sanción canónica contra el mencionado sacerdote.
5.    Por lo que respecta a la Diócesis, no nos cabe más que estar agradecidos por la entrega y sacrificio demostrados por el padre durante este poco tiempo en que estuvo desarrollando actividades pastorales
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A.A.C. su PORTAFOLIO/DD.HH/ ALDO VARA, CURA GENOCIDA.notas por fecha
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http://juiciobahiablanca.wordpress.com/2014/04/29/al-amparo-de-la-santa-madre/          
Publicado el 29/04/2014 por efemedelacalle -  (Nota con audio)
Luego de la detención del ex capellán del V Cuerpo de Ejército, Aldo Omar Vara, concretada ayer a mediodía por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, el fiscal José Nebbia se refirió a los próximos pasos de la causa que avanza sobre la responsabilidad del único sobreviviente de los funcionarios de la Iglesia Católica mencionados en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Mientras trabajan en los trámites para extraditarlo desde la capital paraguaya e indagarlo en el juzgado federal de Bahía Blanca, los acusadores se reunieron esta mañana con el administrador de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Bruno Cucchetti, en la sede clerical de Colón 164 que conduce monseñor Guillermo Garlatti. El contador se enojó con la inesperada visita y al despedir a los fiscales se recluyó en las oficinas del primer piso junto al obispo auxiliar Pedro María Laxague.
Nebbia aseguró en FM De la Calle que las respuestas de las distintas jurisdicciones de la institución católica a la consulta por el paradero del prófugo “fueron siempre negativas”, sostenían que “se había desvinculado y que no tenían ningún tipo de información”. “Es llamativo que en una estructura como la Iglesia no se sepan dónde están sus integrantes pero estas fueron las respuestas que recibimos. El Vaticano nos respondió a través de su representante en Argentina”, agregó.
Respecto de la detención no hay mayores detalles que los publicados ayer en la página oficial de la Procuración General. El cura represor fue detenido en Ciudad del Este y trasladado a Asunción para entrevistarse con el juez de garantías y ya corre el plazo para pedir la extradición. “Estos trámites se hacen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay varios casos de extradiciones de acusados por delitos de lesa humanidad en otros países, así que hay que seguir ese camino que siempre la burocracia alguna traba pone pero ya estamos trabajando en eso”.
“Seguimos varias pistas, entre ellas, los informes de entrada y salidas al país que fueron solicitados a Migraciones, lo cual nos ubicó en la zona donde podría estar. Del cobro sobre jubilaciones oficiamos a la Anses y a un registro provincial y ahí no tenían registro de que Vara estuviera cobrando. Lo mismo sucedió con la información que remitió el Ministerio de Defensa”, explicó el fiscal.
Hoy el sociólogo y miembro de la Comisión por la Memoria, Fortunato Mallimaci, aseguró en el programa Frente a Cano que “un apoderado (de Vara) retiraba todos los meses un cheque por la jubilación del ex capellán que era entregado por la Curia bahiense. ‘Hay que preguntarle al obispo quién es ese apoderado, de dónde provenía ese dinero si era por capellán, por jubilación o por docente’”.
Nebbia afirmó que geográficamente se lo buscaba en la zona de la Triple Frontera, “había muchas versiones de distintos lugares, estábamos enfocados sobre esa zona, Paraguay, Uruguay y Brasil” donde el cura se movía con su propia identidad, “son lugares de la frontera con mucho tránsito y permeables”.
Una vez trasladado a Bahía Blanca, el ex capellán deberá ser indagado y el juez decidirá si lo procesa y avanza hacia el juicio oral. “Vara está acusado por los padecimientos de un centenar de personas, entre ellos, los casos emblemáticos de chicos del colegio secundario de la ENET -que estuvieron en La Escuelita y después en el Batallón 181-, y otros sobrevivientes donde, a través de su ministerio como cura, los aconsejaba en uno y otro sentido.
Para que cuenten -hablamos de estos roles del bueno y el malo- pero también los aconsejaba que no cuenten lo que les había pasado allí adentro. Los sobrevivientes sí le pedían a Vara que les diga a sus familiares que estaban allí, él los vio con las marcas de tortura, lo contó y relató en los juicios por la verdad cuando regían las leyes de impunidad y no podían ser castigados los responsables de estos actos”, recordó el fiscal. Finalmente destacó que “hay reglamentos militares donde los capellanes tienen un rol asignado dentro de el accionar de la inteligencia del Ejército”.
La Fiscalía denunció al arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, por encubrir al represor: http://juiciobahiablanca.wordpress.com/2014/05/02/en-nombre-de-dios/ 
La entrevista con José Nebbia:  
http://www.ivoox.com/jose-nebbia-detencion-aldo-vara_md_3069362_1.mp3 Ir a descargar
Foto: Lina Etchesuri, La Vaca.








[1] Distribuido en medios de prensa y entre compañeros y amigos, el 20 de diciembre de 1999 y posteriormente formó parte del trabajo (primera edición) Con la memoria siempre fresca, construyamos nuestra Historia - Prosas en la militancia nacional y popular, editado y distribuido por el Sindicato de Empleados de Comercio de Daireaux, integrante del Movimiento Mercantil del Interior, en el ámbito de sus gremios adheridos en la Pcia. de Bs.As. en el AÑO 2003

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